¿Relajo en la "Ley Seca" Electoral?: Congreso bajo la lupa por iniciativa que beneficiaría a la industria licorera en las Elecciones del 2026

 

En un movimiento que levanta suspicacias sobre sus verdaderas intenciones, el Congreso peruano se encuentra debatiendo un proyecto de ley impulsado por el congresista Alejandro Soto Reyes, de la bancada Alianza Para el Progreso (APP), que busca recortar significativamente las horas de la tradicionalmente estricta "ley seca" durante los procesos electorales. Bajo la justificación de aliviar las supuestas pérdidas económicas de las bodegas a nivel nacional, la propuesta N° 10993 plantea modificar el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859) para permitir la venta de alcohol hasta las 8 de la noche del día previo a los comicios y reanudarla después de la votación, en un horario aún ambiguo.

La iniciativa contrasta fuertemente con la legislación vigente, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 8 de la mañana del día anterior a la elección hasta las 8 de la mañana del día siguiente, sumando un total de 48 horas de restricción. La propuesta de Soto Reyes reduciría este periodo a aproximadamente 28 horas, asumiendo que la prohibición se extienda durante todo el día de la votación.

El argumento central del congresista acuñista se basa en las supuestas pérdidas económicas que sufren las más de 383 mil bodegas formales del país durante la "ley seca", estimadas por el Gremio de Mujeres Bodegueras del Perú en más de 320 millones de soles por cada jornada electoral. Con hasta cuatro procesos electorales previstos para el 2026, las pérdidas ascenderían a la alarmante cifra de 1280 millones de soles, según el parlamentario.

 

Sin embargo, un análisis más profundo de estas cifras revela un posible beneficiario oculto: las grandes empresas productoras de bebidas alcohólicas. Si las bodegas obtienen entre un 20% y 30% de ganancia por cada venta de licor, los 1280 millones en pérdidas representarían solo una fracción de las ganancias totales. Esto sugiere que las empresas licoreras podrían estar perdiendo alrededor de 4266 millones de soles en el mismo periodo.

Resulta paradójico que, bajo la bandera de proteger a las pequeñas bodegas, la medida termine favoreciendo principalmente a los gigantes de la industria del alcohol, quienes se embolsan la mayor parte de las ganancias. La reducción de la "ley seca" podría interpretarse como un intento de mitigar las pérdidas de estas poderosas empresas, dejando en segundo plano el potencial impacto social de una mayor disponibilidad de alcohol en días cruciales para la democracia.

Aún más controvertida resulta la justificación adicional del congresista Soto Reyes, quien argumenta que la "ley seca" es ineficaz porque los comerciantes buscan evadirla. Esta afirmación, lejos de abogar por una menor restricción, parece normalizar el incumplimiento de la ley y sentar un precedente peligroso para otras normativas. En lugar de debilitar las leyes ante su posible incumplimiento, la labor del Congreso debería centrarse en fortalecer los mecanismos para garantizar su cumplimiento y promover una cultura de respeto a las normas.

La ciudadanía observa con atención este debate, cuestionando si la propuesta legislativa responde genuinamente a las necesidades de las pequeñas bodegas o si, por el contrario, se trata de una maniobra para favorecer los intereses económicos de las grandes empresas de bebidas alcohólicas, a expensas de la sobriedad y el orden público en jornadas electorales.

 

Nota:

Este artículo se escribió en base a documentación oficial del proyecto de ley N° 10993 y la Ley Orgánica de Elecciones.

Enlace 1: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/Mjg0NzQw/pdf

Enlace 2: https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/obtenerDocumento?idNorma=5