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Un polémico proyecto de ley, presentado por la congresista Jhakeline Ugarte (Bloque Magisterial, ex Perú Libre), propone trasladar a presos peruanos condenados por crímenes graves a las cárceles de El Salvador, pagando al país centroamericano 20 mil dólares anuales por cada reo. La iniciativa, registrada bajo el número 11072, busca imitar un modelo similar al mencionado por el expresidente estadounidense Donald Trump y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, aunque expone abiertamente las grietas del sistema penitenciario peruano.
El Proyecto de Ley N° 11072, promovido por la parlamentaria, señala como objetivo el traslado a territorio salvadoreño de delincuentes peruanos sentenciados por crímenes graves como sicariato, extorsión y homicidio. Para ello, se buscaría la suscripción de un convenio bilateral entre Perú y El Salvador con la supuesta finalidad de combatir la inseguridad ciudadana.
Las justificaciones esgrimidas para esta peculiar iniciativa se centran en la necesidad de aliviar la grave sobrepoblación que afecta a los penales peruanos y mejorar las condiciones de vida de los reclusos restantes. Adicionalmente, se argumenta que la "exportación" de presos de alta peligrosidad contribuiría a la seguridad de las cárceles locales, disminuyendo el riesgo de fugas y disturbios, especialmente tras los recientes escapes de reos de alta peligrosidad, incluyendo extranjeros, del penal de Lurigancho. La congresista Ugarte incluso sostiene que esta medida protegería la seguridad y el bienestar de los ciudadanos peruanos.
Sin embargo, la propuesta no implica un abandono total de la jurisdicción peruana sobre los reos trasladados. Según el texto, Perú mantendría la autoridad para determinar disposiciones judiciales, incluyendo la agravación o reducción de penas, así como la potestad de conceder indultos, amnistías o conmutaciones de pena. El rol de El Salvador se limitaría al cumplimiento de las directivas del Poder Judicial peruano.
Un factor crucial en esta ecuación es la postura del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien ya ha manifestado su disposición a recibir reclusos extranjeros a cambio de una tarifa. Si bien el mandatario no ha especificado el costo para Perú, se menciona que Estados Unidos estaría pagando alrededor de 20 mil dólares anuales por cada preso trasladado a las cárceles salvadoreñas.
Para el gobierno de Dina Boluarte, esta propuesta representa un arma de doble filo. Por un lado, podría significar una reducción de la presión política y mediática generada por la crisis carcelaria y los recientes incidentes de inseguridad. No obstante, asumir el considerable costo económico de mantener presos en El Salvador y, sobre todo, admitir implícitamente la ineficacia de las políticas de seguridad interna, podría generar un nuevo frente de críticas para una administración ya cuestionada e impopular. Ante este panorama, la aceptación de esta polémica iniciativa por parte del Ejecutivo peruano luce, cuanto menos, incierta.
Nota:
Este artículo se escribió en base a documentación oficial del proyecto de ley N° 11072 y de la versión de Nayib bukele en Twitter.
Enlace 1: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/Mjg2MDk5/pdf
Enlace 2: https://x.com/nayibbukele/status/1886606794614587573
Enlace 3: https://www.bbc.com/mundo/articles/cy0d29e1rglo
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